DINERO PÚBLICO
El correcto uso de los fondos públicos es el signo más evidente del funcionamiento de un buen sistema democrático porque demuestra el respeto de los gobernantes por el dinero de los ciudadanos.
Cualquier manejo abusivo de ese dinero no solo descalifica a quien lo malgasta, sino que además daña el crédito de los políticos ante la opinión pública.
Por eso no basta con que los responsables políticos que han incurrido en dispendios inadmisibles a cargo del dinero publico hagan aceptación de su error y se retracten del mismo, en la mayoría de los casos con una falta de sinceridad alarmante, sino que se debe purgar a los malgastadores para tener el respeto de la sociedad que aporta el dinero publico a las arcas del estado.
Estos gastos injustificables, en mayor medida en una época de crisis como la actual, se realizan por todo tipo de responsables políticos, tanto locales, como autonómicos o nacionales, y suponen un autentico escándalo al vulnerar el código ético, que se supone, que tienen los cargos políticos con la sociedad.
La pregunta es donde esta el control que deben realizar el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción y en caso de realizarlo si sirve para algo. A la vista de los hechos podemos dudar de su efectividad e incluso de su existencia.
Esta situación es mucho más sangrante cuando los políticos autonómicos del PARTIDO POPULAR están reclamando del gobierno central un aumento en la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y no dan ejemplo ante los ciudadanos que se muestran escandalizados ante tales despilfarros.
Ello demuestra la mala calidad de los políticos del PARTIDO POPULAR y la falta de responsabilidad ética ante los ciudadanos, ya que la responsabilidad penal ante los tribunales no existe al no ser calificados estos hechos como delito.
La única preocupación de los políticos del PARTIDO POPULAR radica en el escándalo informativo que obliga a los dirigentes de los mismos a cesar a los implicados por una simple cuestión de imagen ante la opinión pública y tampoco en el caso de algún dirigente popular provincial, implicado en varios procesos judiciales.
Lo lógico y coherente seria que el político que malgaste el dinero publico dejara su cargo oficial y se fuera a su casa por decisión propia y no por imposición del partido para lavar su imagen de cara a la ciudadanía.
Manolo Martínez
