PRESUPUESTOS 2009 DE LA VALL D’UIXÓ
Los presupuestos de la BONIG
Los presupuestos del 2009 recortan la democracia municipal y no están pensados para atender el drama humano, político y social del paro
Son los únicos presupuestos de la provincia recurridos por defectos legales en su elaboración y aprobación
Estimado vecino, el presupuesto es el documento más importante que se elabora en un Ayuntamiento. Nos dice cuanto dinero se va a ingresar, a gastar, en que asuntos, etc. Incluso, el destino de los fondos y las políticas previstas nos dan a conocer el modelo de pueblo y el concepto de democracia municipal que tiene quien los confecciona. Por esa trascendencia, LA CLAROR, y sin caer en un estudio exhaustivo quiere aportar su impresión de los presupuestos de 2009.
De entre los métodos que podemos utilizar para valorar la bondad de los presupuestos, hemos optado por uno muy simple. Se trata de responder a dos preguntas:
La primera, habla de la forma: ¿se han elaborado con la participación de los ciudadanos? ¿atiende al problema esencial del momento, es decir, la crisis económica? Por desgracia, la respuesta es negativa y descorazonadora. Como consecuencia, LA CLAROR, considera que estos presupuestos indican que la BONIG y el PP no parten del convencimiento de que el ámbito municipal hace posible el uso del diálogo entre ciudadanos y administración. No aprecian que tanto una democracia de calidad como los complejos problemas de nuestro tiempo, exigen gobernar desde el protagonismo de los vecinos. No entienden que en una sociedad moderna y plural como la nuestra, la diversidad de criterios y perspectivas constituye un activo que emplaza a escuchar, a dialogar y, en más de una ocasión a decisiones colegiadas. Posiblemente, por ese déficit en la comprensión de las exigencias de la democracia la BONIG y el PP han hecho los presupuestos sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin facilitar que los ciudadanos sean agentes activos en la toma de decisiones que construyen su espacio cívico o afectan a su futuro. Sin advertir que la participación vecinal no es una alternativa a la representación, sino el único camino o condición necesaria para el buen gobierno.
La BONIG y el PP no parten del convencimiento de que el ámbito municipal hace posible el uso del diálogo entre ciudadanos y administración
Ante eso, LA CLAROR dice que los presupuestos de la BONIG, del PP, no sirven: son impuestos a los ciudadanos.
La segunda, nos señala el fondo. Y es que, para que los presupuestos puedan ser considerados como adecuados deben de atender el problema esencial del momento: el desempleo. Pero, lamentablemente la respuesta es otra vez negativa. Cabe denunciar que no solo mantienen en empleo los mismos fondos propios (aproximadamente) que el año pasado, cuando el paro no se había desbocado, sino que su actitud está lejos de lo aconsejable, de situar el papel del trabajo como cuestión central de la preocupación política (no han creado el Pacto Local de Empleo, tienen una política de contratación que raya la opacidad y la arbitrariedad, recortan la jornada de empleados públicos, quieren privatizar una empresa por intereses partidistas y sin tener en cuenta criterios de eficacia y rentabilidad social, dividen y enfrentan a los empleados públicos, etc.). Además, son los únicos presupuestos de la provincia que han sido recurridos (por CCOO): parece ser que no sólo no se ajustan en su elaboración y aprobación a la ley, sino que, encima, omiten el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de personal.
Para que los presupuestos puedan ser considerados como adecuados deben de atender el problema esencial del momento: el desempleo
Estimado vecino, LA CLAROR entiende que existen motivos para la preocupación. Los presupuestos del 2009 recortan el concepto de ciudadanía (que no sólo incluye derechos y deberes, sino que también reconoce responsabilidad, cooperación y participación) y no están pensados para atender el drama humano, político y social del paro. Por cierto, no confundir los presupuestos de la BONIG con los casi 1.000 millones de pesetas que aporta el Gobierno de España contra el paro municipal. C. A., la Vall






